Cuando perder unas elecciones no significa aceptar el resultado
La democracia tiene una prueba de fuego que separa a los demócratas de quienes simplemente utilizan la democracia cuando les conviene: aceptar el resultado de las urnas cuando gobiernan otros.
España vive desde hace años un fenómeno preocupante. Una parte de la derecha política y de la ultraderecha parece haber convertido la oposición legítima en una estrategia permanente de desgaste institucional. No se trata de criticar leyes, presupuestos o decisiones concretas. Eso es sano y necesario en cualquier sistema democrático. El problema surge cuando el objetivo deja de ser convencer a los ciudadanos para ganar las siguientes elecciones y pasa a ser cuestionar constantemente la legitimidad del gobierno elegido.
Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, primero mediante una moción de censura constitucional y después mediante sucesivas investiduras parlamentarias avaladas por el Congreso de los Diputados, determinados sectores han repetido un mismo mensaje: que el Gobierno es ilegítimo.
Sin embargo, las urnas, el Congreso, la Constitución y la Jefatura del Estado han reconocido una y otra vez la plena legalidad de esos gobiernos.
La política del ruido permanente La estrategia ha sido reconocible.
Manifestaciones constantes.
Campañas de confrontación.
Acusaciones de traición.
Descalificaciones personales.
Difusión de mensajes alarmistas.
Predicciones apocalípticas que rara vez se cumplen.
Cada acuerdo parlamentario es presentado como una rendición. Cada negociación como una humillación. Cada avance social como una amenaza.
La consecuencia es evidente: una parte de la ciudadanía termina desconfiando no solo del Gobierno, sino de las propias instituciones democráticas.
Y cuando se debilita la confianza en las instituciones, gana terreno el autoritarismo.
El papel de la ultraderecha
La irrupción de la extrema derecha ha radicalizado aún más el debate público.
La inmigración se convierte en un problema permanente.
El feminismo es presentado como una amenaza.
La memoria democrática es cuestionada.
Los derechos de las minorías son utilizados como arma electoral.
La diversidad cultural se transforma en un enemigo interno.
Es una estrategia conocida en Europa y en otras partes del mundo: identificar un culpable para problemas complejos y ofrecer respuestas simples a situaciones que requieren reflexión y políticas públicas.
¿Qué ha hecho realmente este Gobierno?
Quienes apoyan al actual Gobierno destacan que durante estos años se han impulsado medidas como:
Subidas del salario mínimo.
Revalorización de las pensiones.
Reforma laboral con reducción de la temporalidad.
Incremento de becas y ayudas educativas.
Avances en derechos sociales.
Políticas de igualdad.
Refuerzo de la protección social durante periodos de crisis.
Sus defensores sostienen que, con errores y aciertos, se trata de uno de los gobiernos que más medidas sociales ha impulsado desde la restauración democrática.
Sus detractores opinan lo contrario.
Pero una cosa es discrepar de las políticas y otra cuestionar sistemáticamente la legitimidad democrática de quien gobierna.
La democracia no es solo ganar
La democracia exige algo más difícil que ganar unas elecciones.
Exige saber perderlas.
Aceptar que otros piensan distinto.
Respetar las instituciones cuando no están bajo nuestro control.
Y comprender que el poder pertenece a los ciudadanos, no a los partidos.
Cuando una fuerza política considera legítimo el sistema únicamente cuando gobierna ella, deja de defender la democracia para empezar a utilizarla. Porque la verdadera pregunta no es si gobierna la izquierda o la derecha.
La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a respetar las reglas cuando el resultado no nos gusta.
Ahí es donde se mide la calidad democrática de una sociedad.
Y ahí es donde España sigue teniendo una asignatura pendiente.
La democracia no se mide cuando gobiernan los nuestros. Se mide cuando gobiernan los otros. Porque aceptar las urnas cuando ganamos es fácil; aceptarlas cuando perdemos es lo que distingue a los demócratas de quienes solo creen en la democracia mientras les sirve.
Porque aceptar una victoria propia no tiene mérito. El verdadero compromiso democrático aparece cuando quienes ganan son aquellos con los que discrepamos.
Desde esta perspectiva, una parte de la derecha y de la ultraderecha española ha mostrado durante los últimos años una contradicción preocupante.
Cuando las instituciones producen resultados favorables, son presentadas como la expresión legítima de la voluntad popular.
Cuando esas mismas instituciones producen resultados distintos, pasan a ser sospechosas, manipuladas o ilegítimas.
El Congreso es válido cuando aprueba sus propuestas.
Los jueces son respetables cuando respaldan sus argumentos.
Los medios son fiables cuando coinciden con su relato.
Pero cuando las decisiones no coinciden con sus intereses políticos, comienza la deslegitimación sistemática.
La ética democrática exige coherencia
La ética democrática no consiste en defender las reglas cuando nos benefician.
Consiste en defenderlas incluso cuando nos perjudican.
Y ahí es donde aparecen las mayores contradicciones.
Resulta difícil escuchar llamamientos permanentes al respeto institucional mientras se cuestiona de forma constante la legitimidad de un gobierno surgido de las urnas y del Parlamento.
Resulta difícil hablar de patriotismo mientras se alimenta la división entre españoles.
Resulta difícil presentarse como defensor de la Constitución mientras se desacreditan las instituciones constitucionales cuando sus decisiones no gustan.
La democracia exige una coherencia que muchas veces desaparece cuando el poder cambia de manos.
La estrategia de la confrontación
La polarización se ha convertido en una herramienta política rentable.
El adversario ya no es simplemente alguien con quien se discrepa.
Ahora es un enemigo.
Un traidor.
Un peligro.
Una amenaza para la nación.
Esta transformación del lenguaje político tiene consecuencias profundas.
Cuando el adversario deja de ser legítimo, cualquier acción contra él parece justificable.
La crispación deja de ser un efecto secundario para convertirse en un objetivo.
Y la convivencia democrática comienza a deteriorarse.
El problema no es la crítica
Ninguna democracia puede existir sin oposición.
La crítica al Gobierno es necesaria.
La fiscalización es necesaria.
La denuncia de errores es necesaria.
Lo que resulta problemático es transformar la oposición en una campaña permanente destinada a convencer a los ciudadanos de que el resultado electoral solo es válido cuando gana un determinado bloque ideológico.
Porque entonces la cuestión ya no es política.
Es ética.
Una cuestión de principios
La democracia no es una herramienta para conquistar el poder.
Es un compromiso con unas reglas comunes.
Y esas reglas deben servir para todos.
Para la izquierda cuando gobierna.
Para la derecha cuando gobierna.
Para quienes ganan.
Y para quienes pierden.
Cuando una fuerza política acepta las urnas únicamente cuando le favorecen, deja de defender la democracia como principio y empieza a utilizarla como instrumento.
Y ese es uno de los mayores riesgos para cualquier sociedad libre.
Porque las democracias rara vez desaparecen de golpe.
Normalmente comienzan a erosionarse cuando demasiadas personas dejan de creer en las reglas que les obligan a respetar la victoria de los demás.
¿Qué medidas sociales ha combatido la derecha durante esta legislatura?
Quienes defienden la labor del actual Gobierno recuerdan que algunas de las principales reformas sociales y económicas aprobadas en los últimos años fueron rechazadas por el Partido Popular y por VOX, pese a que muchas de ellas han terminado beneficiando a millones de ciudadanos.
Entre ellas destacan:
La subida continuada del Salario Mínimo Interprofesional.
La reforma laboral que redujo significativamente la temporalidad.
La revalorización de las pensiones conforme al IPC.
El Ingreso Mínimo Vital.
La reforma de las becas educativas.
La Ley de Vivienda.
Los impuestos extraordinarios a la banca y a las grandes energéticas.
La ampliación de permisos de conciliación familiar.
Las medidas de protección social durante la pandemia.
Las ayudas al transporte público.
La reforma de los derechos laborales de repartidores y trabajadores de plataformas digitales.
Diversas leyes de igualdad y protección frente a la violencia de género.
La Ley de Memoria Democrática.
La paradoja señalada por muchos sectores progresistas es que algunas de estas medidas, inicialmente calificadas como ruinosas, peligrosas o inviables por la oposición, han acabado siendo aceptadas por la sociedad e incluso defendidas posteriormente por dirigentes conservadores en distintos ámbitos territoriales.
Una oposición legítima… ¿o un bloqueo permanente?
La crítica política es indispensable en democracia. Nadie está obligado a apoyar las iniciativas de un gobierno. Pero la pregunta que muchos ciudadanos se hacen es otra:
Cuando se vota en contra de la subida de pensiones, de las ayudas al transporte, del incremento del salario mínimo, de medidas de protección laboral o de políticas sociales ampliamente respaldadas por la ciudadanía, surge inevitablemente un debate ético y político sobre a quién representan realmente esas decisiones.
La gran contradicción
Resulta difícil sostener que un Gobierno es un peligro para España mientras se mantienen y disfrutan muchas de las mejoras sociales aprobadas durante su mandato.
Porque una democracia sana no consiste en destruir lo que hace el adversario por el simple hecho de que lo haya hecho el adversario. Consiste en mejorar aquello que funciona, corregir aquello que falla y ofrecer propuestas mejores.
La democracia se fortalece cuando existe una oposición responsable. Se debilita cuando la oposición convierte el “no” en un proyecto político.
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