DE LA DICTADURA A LOS DERECHOS HUMANOS

1946–2026 · Ochenta años entre la condena del franquismo y la defensa de la infancia en Ceuta y Melilla 

La Historia no debe repetirse. Debe recordarse para impedir que la mentira vuelva a convertirse en un arma contra la democracia. 

En 1946, la comunidad internacional condenó al régimen franquista por su naturaleza fascista y su alianza con las potencias que habían sembrado Europa de muerte y destrucción. Ochenta años después, España ya no combate un fascismo armado, sino una nueva guerra: la de la desinformación, el odio y la utilización política de la infancia más vulnerable. Hoy, el desafío sigue siendo el mismo en su esencia: defender los derechos humanos frente a quienes pretenden erosionarlos mediante la mentira y la polarización. 

El fascismo no fue únicamente una ideología política: fue una maquinaria de destrucción sustentada en el terror, la persecución del adversario, la eliminación de las libertades y el asesinato sistemático de millones de seres humanos. Bajo su sombra crecieron los campos de concentración, las ejecuciones masivas, la censura y la anulación de toda forma de disidencia. Europa pagó un precio inconcebible por permitir que aquel modelo de odio alcanzara el poder. 

España no participó oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, pero la dictadura de Francisco Franco nació tras una guerra civil marcada por una brutal represión y se consolidó con el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista. Esa realidad fue precisamente la que llevó a la ONU a aprobar la Resolución 39(I) de la Asamblea General, considerando al régimen franquista incompatible con los principios democráticos que pretendían reconstruir el mundo tras 1945, de la Asamblea General, considerando al régimen franquista incompatible con los principios democráticos que pretendían reconstruir el mundo tras 1945. 

En 2008, la justicia española abrió una investigación que calificó la represión franquista como presuntos crímenes contra la humanidad, situando por primera vez las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y las fosas comunes en el ámbito de ese debate jurídico. 

Este artículo no pretende reescribir la Historia, sino reivindicar el rigor. La memoria democrática exige distinguir entre la propaganda y los hechos: la condena internacional de 1946 fue política y diplomática; la investigación judicial de 2008 abrió el camino para considerar la represión franquista desde la perspectiva de los crímenes contra la humanidad. 

AYER Y HOY: CUANDO LA MEMORIA INTERPELA A LA POLÍTICA 

La Historia nunca se repite de forma idéntica, pero sí puede advertirnos de los mecanismos que permiten el deterioro de una democracia. El fascismo del siglo XX fue una dictadura construida sobre la violencia, la supresión de derechos, la persecución política y el terror de Estado. Esa realidad pertenece a un contexto histórico concreto y no debe banalizarse mediante comparaciones simplistas. 

Sin embargo, la memoria democrática obliga a preguntarse qué ocurre cuando el discurso público comienza a normalizar el odio, la deshumanización del adversario o el cuestionamiento de derechos conquistados. Ahí reside la verdadera lección de 1946: las democracias no suelen desaparecer de un día para otro, sino que se erosionan cuando la intolerancia encuentra legitimidad política. 

En la España de hoy, PP y VOX representan proyectos políticos distintos, aunque en numerosas instituciones han gobernado o pactado conjuntamente. Sus críticos señalan que algunas iniciativas impulsadas por estos partidos —especialmente en materia de memoria democrática, inmigración, igualdad o derechos LGTBI— suponen un retroceso en derechos civiles y una revisión del consenso construido tras la Transición. Sus defensores, por el contrario, sostienen que buscan reformar esas políticas dentro del marco constitucional y democrático. 

Esa diferencia es esencial. Criticar decisiones, leyes o discursos de un partido forma parte del debate democrático; afirmar que un partido democrático es equivalente al régimen franquista exige pruebas que la Historia no avala. La responsabilidad del periodismo es precisamente distinguir entre la denuncia política y el rigor histórico. 

Porque recordar a las víctimas del franquismo no consiste en utilizar su memoria como un arma partidista. Consiste en proteger un principio mucho más profundo: que ningún poder, sea del signo que sea, pueda situarse por encima de la libertad, la dignidad humana y los derechos fundamentales. 

EL ESPEJO DEL PRESENTE 

Ochenta años después de la condena de la ONU, España ya no es una dictadura. Es una democracia constitucional con elecciones libres, separación de poderes y derechos fundamentales protegidos por la ley. Precisamente por eso, la memoria histórica debe servir para fortalecer la democracia, no para deformarla. 

Sin embargo, el debate político ha vuelto a girar alrededor de cuestiones que parecían superadas: la memoria democrática, la inmigración, la identidad nacional, la igualdad y el papel de las instituciones. En ese escenario, PP y VOX han impulsado en distintas comunidades autónomas la derogación o modificación de leyes de memoria, han cuestionado políticas de reparación a las víctimas del franquismo y han defendido una lectura diferente del pasado reciente de España. 

Sus partidarios sostienen que buscan acabar con una memoria “partidista” y sustituirla por una visión integradora de la Historia. Sus detractores advierten que ese proceso puede traducirse en la desprotección de las víctimas, el debilitamiento de las políticas de verdad y la normalización de discursos que relativizan la dictadura franquista. 

La diferencia entre el ayer y el hoy es decisiva: hoy existe democracia y el conflicto se libra con palabras, leyes y votos, no con pelotones de fusilamiento. Pero la responsabilidad de una sociedad libre consiste precisamente en impedir que el odio, la desinformación o la deshumanización del adversario vuelvan a convertirse en herramientas legítimas de la política. 

La memoria no pertenece a la izquierda ni a la derecha. Pertenece a las víctimas. Y una democracia madura se reconoce por su capacidad de mirar su pasado sin miedo, sin manipulación y sin renunciar nunca a la defensa de los derechos humanos. 

LA GUERRA DE LOS BULOS 

Hoy la batalla ya no se libra únicamente en los parlamentos. Se libra en las pantallas de millones de teléfonos móviles. Las redes sociales se han convertido en el territorio donde la mentira viaja más rápido que los hechos, y donde la emoción suele imponerse a la evidencia. 

Una parte importante de la desinformación que circula en España procede de determinados entornos de la extrema derecha y de grupos ultras, que utilizan bulos, imágenes manipuladas y relatos falsos para alimentar el miedo, la confrontación y la polarización social. No es un fenómeno exclusivo de España, pero aquí ha encontrado un terreno fértil en un clima político cada vez más crispado. 

El problema no es que existan ideas conservadoras o progresistas; la democracia vive precisamente de la pluralidad. El verdadero peligro aparece cuando la mentira se convierte en una estrategia política y cuando la falsedad repetida miles de veces pretende sustituir a la verdad. Un ciudadano desinformado pierde la capacidad de decidir libremente, porque vota y opina sobre una realidad deformada. 

La lección de 1946 sigue vigente: las democracias no mueren solamente por la fuerza. También pueden debilitarse cuando la propaganda, el odio y la manipulación consiguen erosionar la confianza en las instituciones y enfrentar a unos ciudadanos contra otros. Defender la verdad no es una cuestión ideológica; es una obligación democrática. 

LA INTERNACIONAL DE LA DESINFORMACIÓN 

El siglo XXI ha abierto un nuevo frente de batalla: la guerra de la información. Las campañas de desinformación ya no necesitan ejércitos; necesitan algoritmos, financiación, plataformas digitales y millones de pantallas dispuestas a compartir una mentira antes de comprobar un hecho. 

Diversos movimientos de extrema derecha internacional, han tejido redes de apoyo político, mediático e ideológico que trascienden las fronteras nacionales. En ese ecosistema conviven dirigentes autoritarios, gobiernos acusados de graves violaciones de los derechos humanos y organizaciones que utilizan la propaganda como herramienta de influencia. No todos son iguales, pero comparten una estrategia: convertir el miedo y la polarización en capital político. 

En España, VOX mantiene relaciones políticas con partidos y fundaciones de la derecha radical internacional y participa en foros y alianzas ideológicas con ellos. Esa vinculación es pública y documentada. Lo que no está demostrado es que exista una financiación ilícita por parte de “asesinos o genocidas”, y el rigor periodístico exige distinguir entre las alianzas políticas y las acusaciones que carecen de prueba judicial. 

La democracia no se defiende sustituyendo un bulo por otro. Se defiende con hechos, con documentos y con la valentía de llamar propaganda a la propaganda, venga de donde venga. 

EL RIGOR TAMBIÉN ES MEMORIA 

Aquel procedimiento judicial no constituyó una condena penal contra Francisco Franco, sino un hito jurídico, la justicia española abrió una investigación que calificó la represión franquista como presuntos crímenes contra la humanidad. Aquel procedimiento no constituyó una condena penal contra Francisco Franco, sino un hito jurídico que situó las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y las fosas comunes en el ámbito de los delitos contra la humanidad. 

Del mismo modo, el compromiso con la verdad exige diferenciar los hechos documentados de las acusaciones que no han sido probadas judicialmente. En España, VOX mantiene relaciones políticas e ideológicas con partidos de la derecha radical internacional, una realidad pública y verificable. Pero el periodismo responsable debe sostener sus afirmaciones sobre documentos, pruebas y resoluciones, porque la defensa de la democracia comienza precisamente donde termina el bulo. 

LOS DERECHOS HUMANOS: LA LÍNEA QUE NUNCA DEBE CRUZARSE 

Los derechos humanos nacieron para impedir que la barbarie volviera a gobernar el mundo. Tras el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, las naciones comprendieron que ningún Estado podía situarse por encima de la dignidad humana. De esa convicción nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

Hoy, el mayor riesgo no siempre llega con uniformes o tanques. Llega cuando se normaliza el odio hacia el diferente, cuando se deshumaniza al inmigrante, cuando se cuestiona la igualdad entre hombres y mujeres, cuando se persigue a las minorías o cuando la mentira pretende convertirse en verdad mediante la propaganda. 

La defensa de los derechos humanos no pertenece a ningún partido político. Es un principio universal que obliga a la izquierda, a la derecha y a cualquier gobierno democrático. Precisamente por ello, toda fuerza política debe ser juzgada por sus actos y por el respeto que demuestra hacia las libertades, la igualdad ante la ley y la protección de las personas más vulnerables. 

La Historia nos enseñó que las democracias no se destruyen únicamente con las armas. También pueden debilitarse cuando la sociedad deja de defender la verdad, la justicia y la dignidad humana como valores irrenunciables. 

CEUTA Y MELILLA: LA INFANCIA NO PUEDE CONVERTIRSE EN UN CAMPO DE BATALLA 

Ceuta y Melilla vuelven a ocupar el centro de un debate que trasciende las fronteras. Ya no hablamos únicamente de inmigración o de política exterior; hablamos de niños y adolescentes, de menores cuya protección está amparada por el Derecho Internacional y por los tratados que España ha firmado con Europa. 

España está obligada, como Estado miembro del Consejo de Europa y firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, a garantizar que el interés superior del menor prevalezca sobre cualquier consideración política. Eso significa protegerlos, identificar a los menores no acompañados, impedir devoluciones contrarias a la ley y asegurarles asistencia, educación y tutela mientras se resuelve su situación. 

Sin embargo, alrededor de Ceuta y Melilla se ha desatado otra guerra: la de la desinformación. En las redes sociales circulan bulos, cifras manipuladas, vídeos descontextualizados y campañas que presentan a todos los menores como una amenaza para la seguridad nacional. Esa estrategia no informa: deshumaniza. 

La crítica a las políticas migratorias es legítima en una democracia. Lo que no es legítimo es construir el debate sobre falsedades que alimentan el miedo y enfrentan a la sociedad. Cuando un bulo convierte a un niño en enemigo, deja de ser una opinión para convertirse en un instrumento de propaganda. 

La lección de 1946 sigue vigente: las democracias se fortalecen cuando defienden los derechos humanos incluso en los momentos de mayor tensión. La verdadera grandeza de un país no se mide por cómo trata a los poderosos, sino por cómo protege a sus niños más vulnerables. 

LA DEMOCRACIA SE MIDE POR CÓMO PROTEGE A SUS HIJOS 

La Historia nos dejó una enseñanza imborrable: cuando la política deja de reconocer la humanidad del otro, comienza el camino hacia la degradación democrática. Por eso, el verdadero patriotismo no consiste en levantar muros de odio, sino en defender la vida, la dignidad y los derechos fundamentales. 

En Ceuta y Melilla, España tiene obligaciones jurídicas derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la legislación internacional de protección de menores. Cumplir esas normas no es un gesto ideológico: es un deber del Estado. 

El Gobierno puede y debe ser fiscalizado por sus decisiones, como cualquier ejecutivo democrático. Pero también debe reconocerse que la protección de los menores y el respeto a los derechos humanos forman parte de los compromisos internacionales que España ha asumido y está obligada a cumplir. 

Frente a ello, la desinformación y los bulos difundidos desde sectores de la extrema derecha han alimentado un clima de miedo y polarización que convierte a niños y adolescentes en objetivos de una batalla política que nunca eligieron. Cuando la mentira sustituye a los hechos, la democracia pierde una parte de su libertad. 

También es imprescindible recordar que cualquier uso excesivo de la fuerza por parte de la policía debe investigarse y depurarse conforme a la ley. En un Estado de derecho, las fuerzas de seguridad no pueden actuar al servicio de ninguna ideología, sino únicamente bajo el mandato de la Constitución y de los derechos humanos. 

Porque la Historia no nos juzgará por las banderas que defendimos, sino por los niños que fuimos capaces de proteger. Esa es la verdadera frontera entre la democracia y la barbarie.